Autor/Fuente: eltribuno.com
Publicado: miércoles agosto 7, 2024
Es por el delito de cohecho en una causa por un robo millonario. Se trata de un entramado de poder que vincula incluso a un sicario.
La Unidad Fiscal creada por Resolución de la Procuración General e integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Daniela Murúa y Carlos Alberto Salinas, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio oral y público de la causa en contra de Claudio Alejandro Parisi (50) y Maximiliano Germán Correa (42) , en calidad de autor y partícipe necesario respectivamente por la comisión del delito de Cohecho Pasivo Agravado (Arts. 257, 45 y 46 del C.P.). Por otra parte, el imputado Roberto Ortega Serrano (54) deberá responder en el debate en calidad de autor por la comisión del delito de Cohecho Activo (Art. 258 y 45 del C.P.). Notas Relacionadas
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Los integrantes de la Unidad Fiscal especialmente creada entienden que se reunieron las sospechas suficientes y necesarias para acusar a Claudio Alejandro Parisi, magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Orán, quien habría acordado recibir una suma de dinero a través de su secretario letrado, Maximiliano Correa, por parte del abogado penalista Roberto Ortega Serrano.
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De acuerdo a lo investigado, lo arreglado entre las partes mencionadas fue con el fin de dictar una sentencia que beneficiara con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, quien se encontraba privado de la libertad por disposición del propio juez Parisi en un expediente judicial relacionado con un robo a la empresa Abra del Sol.
Los fiscales iniciaron su investigación por la denuncia presentada por las abogadas Sandra Domene y Josefina Ruiz. A partir de allí, se recolectaron evidencias entre las que se destaca la inspección ocular realizada en el teléfono celular, reconocidas por Juan Ignacio Ruiz (hermano del detenido) al prestar declaración testimonial, y por el propio Ortega Serrano.
Allí surge un intercambio de mensajes entre el 4 y 5 de abril de 2023 en el que Ortega Serrano manifiesta que obtendría la detención domiciliaria, a cambio del pago de una suma de dinero en dólares, refiriéndose a éste último con la utilización de los términos “pasamanos” o “entradas”.
De los datos extraídos del celular de Correa, se registraron llamadas telefónicas vía WhatsApp con Ortega los días 3 y 4 de abril de 2023, coincidiendo con las fechas de la presentación del pedido de arresto domiciliario y su traslado ordenado por el Juzgado.
También quedo acreditado que el imputado Ortega mediante un comportamiento evasivo intento ocultar la recolección de indicios probatorios. Durante el allanamiento a su domicilio el 3 de octubre del año pasado, arrojó su teléfono celular a la propiedad de un vecino.
Esto fue corroborado por el testimonio de una persona a quién éste le pidió que buscara su celular bajo el pretexto de que se les había caído a sus albañiles. Además, Ortega dio de alta una nueva línea telefónica ese mismo día, según informes de las prestatarias.
Ante la presentación de la acusación por parte de la Unidad Fiscal, la causa penal seguida contra el magistrado, el funcionario y el abogado particular entra en la etapa intermedia del proceso penal consistente en el control de la misma por parte del juez Raúl López, en su función de Garantías, y a los fines de dar cumplimiento al artículo 436 del Código Procesal Penal y en definitiva, resolver si corresponde o no, la elevación a juicio de la misma.
Cristian Palavecino y José Dimás Ruiz
La causa que se tramita por el robo a la empresa Abra de Sol en la que el juez imputado, Claudio Aljandro Parisi, habría concedido el arresto domiciliario a cambio de una suma de dinero, tiene actualmente varios detenidos.
Entre otros imputados se encuentra José Dimas Ruiz, quien era el gerente de la empresa y supo ser un excandidato a Intendente por la ciudad de Orán; Matias Malissia, Marcelino Cruz y Cristian Gabriel Palavecino, acusados por robo doblemente agravado en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego, privación ilegítima de la libertad, lesiones y asociación ilícita, por un violento asalto ocurrido el 16 de diciembre de 2022.
El asalto fue perpetrado por un grupo de entre ocho y diez personas que ingresaron a la sede de la empresa mencionada portando armas de fuego y con los rostros cubiertos por pasamontañas, lo que se conoce en el ambiente delictivo como un asalto comando. Luego de reducir a las personas que se encontraban en el lugar sustrajeron la suma de 13 millones de pesos y 130 mil dólares.