Alcaldes alistan “resistencia” en defensa de la Ley del 8%
Autor/Fuente: elpais.bo
Publicado: jueves mayo 27, 2021
Ya hay objeto de polémica entre los alcaldes y la Gobernación. El hacha de guerra lo desenterró ayer el todavía presidente de la Asociación de Municipios de Tarija, Hugo Girón, exalcalde de El Puente, que cederá el cargo tan pronto se elija una nueva directiva, pero que, por el momento, es el vocero acreditado.
El asunto es la Ley del 8%, o del 1% como la bautizaron sus promotores y que el gobernador Oscar Montes ha pedido derogar. “De cada 100 bolivianos que llegan a Tarija, 45 se van al Chaco, 47 a la Gobernación y un boliviano a cada municipio (no chaqueño). Le estamos pidiendo al Gobernador que por favor reconsidere y se ponga a trabajar con los alcaldes”, mencionó Girón ante los medios de prensa.
El acuerdo, de momento, está difícil, aunque que el MAS se haya quedado en minoría en la Asamblea Legislativa alimenta las expectativas de Unidos de lograr la derogación de esa y otras leyes que consumen recursos.
Una Ley con cobertura
La Ley del 8%, o más formalmente, de Transferencia de recursos a los Gobiernos Municipales, tiene cobertura legal en el propio Estatuto Autonómico, donde se recoge la recomendación de que la Gobernación impulse proyectos concurrentes de acuerdo con los alcaldes.
Desde la puesta en vigencia del Estatuto, todos los gobernadores han cumplido con esta disposición estatutaria y han convocado proyectos e ideas para aprobar, pero siempre dentro de un marco discrecional y de negociación Alcalde – Gobernador. Por lo general han sido obras “visibles” y “vistosas” y no particularmente productivas
Se trataba de una Ley Orgánica que podía haber desarrollado la Asamblea, pero se adelantó el exalcalde de Uriondo en representación de la Asociación de Municipios de Tarija, que organizó una “alegre” campaña en la que pedía un módico 1% de la renta petrolera para los municipios no chaqueños. Aunque en realidad hablaba de un 1% para cada uno de los ocho municipios, siendo por tanto la Ley del 8%.
En la tramitación legislativa no encontró apenas oposición, ni en la comisión ni en el pleno, donde se trató de forma urgente para ser aprobada en grande a finales de 2016. En ese momento se incluyó la cláusula de “débito automático”, un mecanismo calificado como pernicioso por la Gobernación, además de atentatorio de la Autonomía, ya que da facultades al Ministerio de Economía para extraer recursos de la caja departamental para ponerla en la municipal a pedido de estos, aunque por el momento no ha prosperado ningún recurso en los tribunales.
Un pulso político
Para Ruíz y el resto de los alcaldes, la Ley del 8 por ciento y el mecanismo del débito automático era la única forma de que la Gobernación atendiera sus necesidades económicas sobrevenidas en la gestión, ya que el avance de planillas no era liquidado ya que las cuentas de la Gobernación ya se habían estrechado en 2017 luego de la caída del barril de petróleo.
La Gobernación cambió tres veces de estrategia. Primero denunció por activa y por pasiva lo atentatorio del mecanismo, que los alcaldes no tardaron en empezar a usar, pero no logró ningún cambio en la Asamblea, donde el MAS contaba con 16 curules más unos cuantos afines de otras fuerzas.
Después entró en la negociación e incluso aprobó 18 nuevos convenios en el 2018, año en el que además se buscaron créditos con la banca comercial – al seis por ciento de interés – para financiar buena parte de la cartera pendiente y que sumaba, en total, más de 400 millones de bolivianos. El idilio duró poco y los municipios volvieron a debitar a conveniencia. En esas, se cancelaron los convenios con San Lorenzo y Yunchará como represalia, que actualmente no tienen deudas por este concepto.
Actualmente la Gobernación estima que hay 198 millones de bolivianos en deuda concurrente con los municipios, aunque una parte de los proyectos fue incluida en los créditos pendientes de pago con el FNDR y con el Banco Bisa.
Con Cercado se adeudan 61 millones de bolivianos – aunque se canceló la participación en el proyecto Ciudad Inteligente -, con El Puente son 15,9 millones; con Uriondo 9,1 (aunque debitó 13 en pasadas fechas); con Padcaya 31,5 – entre otros el complejo deportivo, el instituto tecnológico en Emborozú, un colegio internado en Camacho y saneamiento básico en Canchasmayo -; con Bermejo 20,4 y con Entre Ríos 60,1.
Una fórmula de cálculo siempre polémica
La redacción de la Ley es particularmente capciosa, lo que permite la libre interpretación del artículo, lo que al final acaba beneficiando a los municipios, que son quienes piden, y que además tienen sintonía con el Gobierno Nacional.
La Ley del 8% solo se aplica en los municipios no chaqueños, por lo que se preveía que el monto se calculase sobre el 55% que queda tras restar el 45% chaqueño, sin embargo, se está calculando sobre el 100% y restando del 55%.
Por otro lado, tomar como referencia el presupuesto también tiene sus problemas, puesto que habitualmente difiere del efectivamente ejecutado y podría estar debitándose de más o de menos.
