Autor/Fuente: elpais.bo
Publicado: jueves febrero 3, 2022
En el caso registrado en Bermejo, en el que se investiga a un militar identificado como Alexander R.H.M. por violación en contra de su hijastra menor de edad, el abogado defensor de la víctima, Edgar Arraya Santa Cruz, reveló que la madre (Claudia L.F.A.) actuaba en complicidad con el agresor, obligando a la niña a tomar pastillas anticonceptivas e incluso a ver videos pornográficos. Por esta razón, se remitió a instancias nacionales documentación pidiendo una auditoría al caso, pues al momento el agresor goza de detención domiciliaria.
Desde que se inició el proceso, en noviembre de 2020, cuando la menor le contó lo ocurrido a su padre biológico y a su tía, ambos han denunciado constantes irregularidades e incluso intentaron iniciar un proceso disciplinario ante el Consejo Distrital de la Magistratura al juez de Instrucción en lo Penal Segundo de Bermejo, Ramón Panozo, por beneficiar al sujeto.
Arraya asumió la defensa de la menor y calificó como “delincuentes” al acusado, cuyo juicio está programado para abril, y a su pareja y madre de la menor. Afirma que la mujer participaba en las agresiones obligando a la víctima a ver videos pornográficos y a observar cómo su madre tenía relaciones íntimas con su padrastro.
Además, reveló que en las declaraciones de la menor se conoció que su madre la obligaba a tomar pastillas anticonceptivas para evitar un embarazo, es decir que avalaba los vejámenes que cometía el militar con rango de sargento.
Antecedentes
Las agresiones se registraron entre 2017, cuando la menor tenía 12 años, y continuaron hasta el 2020. Cuando la menor le contó lo ocurrido a su padre biológico y se inició el proceso penal en 2021 se inició un proceso por dos cargos, el primero por abuso sexual y el segundo por violación.
Sin embargo, se denunció desde un inicio irregularidades, partiendo de un retraso en la imputación y en la programación de la audiencia cautelar. Si bien en un inicio se dictó la detención preventiva, en julio del 2021 se benefició al acusado con detención domiciliaria, a pesar de las denuncias de que tanto él como su pareja estarían amenazando al padre y la tía de la víctima, que son quienes hacen seguimiento al caso.
Pedido de auditoría
El abogado de la víctima señaló que ya se remitió la documentación correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía General del Estado para que se determine responsabilidades de los operadores de justicia que avalaron la liberación del acusado.