Autor/Fuente: elpais.bo
Publicado: jueves julio 1, 2021
Para evaluar las 94 leyes que la Gobernación de Tarija planteó derogar, modificar o complementar, se prevé que la próxima semana se realicen “cumbres” con la participación de los sectores poblacionales involucrados en cada normativa. Desde la Asamblea Legislativa Departamental señalaron que todas las leyes serán analizadas con la población, antes de tomar decisiones definitivas.
Participación en “cumbres”
El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Jorge Mariano Bacotich indicó que para la realización de las “cumbres”, planteadas por esta institución con diferentes sectores de la población, el Salón Rojo estará “abierto” a toda persona que quiera participar en el debate de las normativas.
“Para que se analice cada una de las leyes con el sector involucrado con la posibilidad de cumplir ciertos aspectos. Los insumos, que son parte de lo que van a salir de ahí, los requerimientos de cada sector de la sociedad, la priorización de las necesidades se va a comunicar a la ALDT para que ellos tengan todos esos datos y puedan tomar sus decisiones”, explicó.
Según Bacotich, en base a las decisiones que tomen los ciudadanos que participen de estas convocatorias, se realizará la comunicación correspondiente a la ALDT, de manera que “no se usurparán” las funciones del Órgano Legislativo, recalcando que la suspensión o modificación de alguna normativa que se vaya a tratar, busca priorizar el gasto de la Gobernación en temas fundamentales como salud, la pandemia del Covid-19 y sectores vulnerables de la población.
En caso que exista falta de determinaciones de la población o “nadie ceda” en sus posturas, casos de organizaciones o asociaciones, la Gobernación no incurriría en incumplimiento de deberes, debido a que algunas de las normas que se analizan en el paquete de las 94 leyes, varias no pueden cumplirse por no contar con el presupuesto necesario.
“El incumplimiento de deberes es cuando hay la posibilidad de realizar algo, pero el cumplimiento de los deberes, en este caso como pagos, cuando es imposible financieramente, no se incurre en un delito porque no hay forma de cumplir. Analicemos las leyes, hay una ley de usurpación de recursos departamentales, la Ley 206 que nos debita el dinero, si en las cuentas no hay dinero cómo se pueden cumplir con las obligaciones”, dijo.
En el caso de esta normativa en específico, Bacotich expuso que los municipios se encuentran “compitiendo” por debitar recursos de las cuentas de la Gobernación, situación que, según el funcionario, le “quita” recursos a sectores que requieren con urgencia de los mismos, como los hogares y centros de acogida o al sector salud, para destinarlos en obras que no son necesariamente urgentes.
ALDT consensuará
El vicepresidente de la ALDT, Mauricio Lea Plaza, enfatizó que cada normativa será consensuada de manera previa con la población, antes de tomar alguna decisión definitiva en torno a una modificación, abrogación o complementación.
“Aquí no hay temas intocables, yo creo que en base al diálogo se pueden buscar soluciones para que los programas realmente sean más efectivos. Hay muchas leyes que tienen que ver con la temática social, el tema salud, sobre todo, esas van a tener un análisis distinto por el momento que estamos viviendo, la Ley del Cáncer por ejemplo necesita una reglamentación mucho más precisa”, refirió.
Lea Plaza expuso que el análisis de las normas determinará lo que se hará con cada normativa y en base a los informes finales de las comisiones en la ALDT.
El asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Osvaldo Yucra señaló que de las 94 leyes que fueron remitidas por las comisiones de la ALDT, ninguna debería ser abrogada, a excepción de la Ley del Programa Empleo Urgente Productivo (PEUP) y que de todas maneras debe ser verificada.
“Que nos digan (Gobernación) específicamente cuáles leyes vamos a abrogar, técnicamente también tienen que decirnos para poder remitir nuestro criterio”, recalcó.